5 claves para entender la polémica ‘Ley Mordaza’
La polémica Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada desde sus inicios por la opinión pública como ‘Ley Mordaza’, ya se encuentra en vigor en España. Son muchas las críticas que se acumulan a espaldas de una norma que cuenta con el rechazo prácticamente unánime de la oposición y que se aprobó con el único apoyo del Grupo Popular y de UPN, recurrida, además, ante el Tribunal Constitucional y censurada por distintas organizaciones nacionales e internacionales.
Aunque en algunos medios se habla equivocadamente de delitos con sus correspondientes penas, la norma se mueve en el plano Administrativo, no Penal, lo que se traduce en que la imposición de multas –con su efecto recaudatorio- no contará con control judicial, aunque sí se podrá interponer una demanda en caso de que el implicado no esté conforme. Las infracciones leves se sancionarán con una multa de 100 a 600 euros; las graves, de 601 a 30.000 euros; y las muy graves, de 30.001 a 600.000 euros.
El argumento del Partido Popular es que «las manifestaciones serán más libres porque estarán protegidas de los violentos». Mientras, desde la oposición se acusa al Ejecutivo de crear un «Estado policial» precisamente porque las fuerzas de seguridad tendrán ahora capacidad para imponer sanciones administrativas que, en algunos casos, quedaban antes en manos de un juez.
¿Qué actividades podrán sancionarse?
- Manifestarse junto al Congreso y el Senado
La norma califica como infracción cualquier «perturbación grave de la seguridad ciudadana» que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, sin que sea relevante que los representantes públicos no estén reunidos en ese momento. El problema que encuentran los juristas en esta definición es precisamente su arbitrariedad, ya que no se define con claridad qué supone una “perturbación grave”. El primer borrador del texto –luego retocado- iba más allá al permitir multar la simple concentración ante estas infraestructuras. La multa podrá oscilar entre los 601 y los 30.000 euros.
- Sacar fotos o vídeos a la policía
Uno de los métodos de denuncia hacia casos de abuso policial ha sido el de la grabación de imágenes durante las manifestaciones, compartidas luego a través de Internet y de plataformas como Youtube. La Ley de Seguridad Ciudadana multa esta práctica. En concreto, el “uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de policías “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”. Amnistía Internacional ha señalado al respecto que “captar imágenes de la policía, ya lo hicieran periodistas u otras personas con cámaras o teléfonos móviles, ha ayudado en ocasiones a difundir información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”. Al tratarse de una infracción grave, se multará con cuantías entre los 601 y 30.000 euros.
- Detener un ‘desahucio’
La Ley de Seguridad Ciudadana también permitirá multar a quienes presionen para evitar el lanzamiento –popularmente conocido como desahucio- en aquellos casos en que una familia haya perdido su vivienda tras un proceso de ejecución hipotecaria. En concreto, se refiere a aquellos que “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”. Esta práctica podrá multarse con entre los 601 y los 30.000 euros.
- Escalar edificios o monumentos
Las imágenes de protesta desde edificios (a través de pancartas como las que en su día ilustraron la Puerta del Sol con el estallido del 15M) dejarán de ser una práctica inocua. Los agentes de seguridad podrán multar “el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”. Greenpeace denuncia que, “en este caso, la comisión de la infracción tiene lugar sin necesidad de que se produzca ni alteración del orden público, ni daño a la seguridad ciudadana”, bastando el simple riesgo de producirlo. En este caso, se trata de una falta leve, y el importe sancionador está comprendido entre los 100 euros y los 600 euros.
- La resistencia pacífica y las sentadas
La ‘Ley Mordaza’ permitirá multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez lo ordene «la autoridad competente». También sanciona «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones», con multas entre los 601 y los 30.000 euros.
Críticas desde todos los frentes
El pasado 25 de mayo la oposición presentó un recurso de inconstitucionalidad, con el que se consideraba que la norma vulnera una docena de artículos de la Constitución. Firmaron dicho texto el PSOE, Izquierda Unida, Grupo Mixto y UPyD. CiU y PNV decidieron en el último momento no firmar, aunque también consideran que la Ley Orgánica es inconstitucional. Los derechos afectados, según el recurso, son fundamentalmente los de tutela judicial efectiva, manifestación, reunión y expresión.
La ley, según Amnistía Internacional, puede limitar el ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica, además de que aumenta el número de infracciones y supone menos garantías de defensa para la ciudadanía frente a la administración. Human Rights Watch, por su parte, ha asegurado que el Gobierno no ha planteado argumentos convincentes que demuestren la necesidad de este tipo de medidas tan restrictivas que limitan los derechos políticos y civiles fundamentales.