Más del 43% de los asuntos ingresados en los Juzgados de lo Penal ya se resuelven por juicio rápido.

Esta cifra supone un aumento de un 5,9% respecto del primer trimestre de 2012. De media, el número de denuncias que se interpusieron en los juzgados de España alcanzan una media de 359 denuncias diarias (20 denuncias más diarias que en el primer trimestre).

El estudio está basado en los datos obtenidos de los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) existentes en toda España así como en los 355 juzgados con competencias compartidas.

El 71,42% de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, frente al 11,37 % derivado de partes de lesiones y el 14,35% como resultado de la intervención policial directa. Sólo en el 1% de los casos los familiares presentaron denuncia, mientras que las denuncias fruto de los servicios asistenciales fueron el 1,84%. Se observa que respecto al primer trimestre del mismo año han bajado ligeramente las denuncias presentadas directamente por la víctima y por sus familiares y aumentado ligeramente las intervenciones de la policía, y servicios asistenciales.

En casi seis de cada diez casos (57%) la relación de pareja se mantenía en el momento de interponerse la denuncia, mientras que en los otros cuatro casos (43%) la relación afectiva se había extinguido (en términos muy similares al primer trimestre).

En el segundo trimestre se registraron 4.288 renuncias a la continuación del proceso en fase de instrucción, frente a las 3.711 renuncias registradas en el trimestre anterior. Esto supone un aumento del 13,4%. La relación entre renuncias y denuncias se mantiene estable, con ratio que lleva a las 13 renuncias por cada 100 denuncias.

El 36% de las denuncias fueron interpuestas por mujeres víctimas extranjeras (11.701 casos). De ellas, 1.728 mujeres renunciaron a continuar con el procedimiento judicial, lo que supone el 40% de las renuncias registradas en el segundo trimestre de 2012.

Medidas cautelares
Entre abril y Junio de 2012 se solicitaron 9.139 órdenes de protección en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, de las que fueron adoptadas 5.655, es decir se otorgaron en un 62% de los casos. Se mantiene así la tendencia con una ligera baja respecto al anterior trimestre, que fue de un 63%.

Además, en el segundo trimestre de 2012 se adoptaron un total de 17.514 medidas penales derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares. De ellas, 11.875 fueron medidas derivadas de las órdenes de protección, como son la orden de alejamiento y prohibición de comunicación acordadas ambas en un 77% de los casos.

Al mismo tiempo se dictaron 4.166 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal, por lo que se mantiene la baja proporción de medidas cautelares civiles respecto de las penales.

De éstas, un 23,2% acordaron la prestación de alimentos; un 19,5% se pronunciaron sobre la atribución de vivienda; en otro 6,5% se acordó la suspensión de la guarda y custodia de los hijos; un 2,8% la suspensión del régimen de visitas, y un 0,7% la suspensión de la patria potestad.

13.892 Sentencias dictadas en España
En todos los órganos competentes en el ámbito de la violencia de género (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales) se dictaron 13.892 sentencias penales. De ellas, el 61 % fueron condenatorias (8.464) y el 39% absolutorias (5.428). Se aprecia un ligero aumento de las condenas en relación al trimestre pasado, que alcanzó el 57,76%.

•  Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer dictaron en el segundo trimestre de 2012 un total de 5.210 sentencias, lo que supone 757 sentencias más que en el primer trimestre. De ellas, el 75,2% resultaron condenatorias (3.918) y el 24,8% absolutorias (1.292), de modo que se observa un incremento en las sentencias condenatorias respecto al primer trimestre, que alcanzaron el 72,65%.

En el segundo trimestre se instruyeron un total de 34.933 delitos. El perfil de los delitos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer permanece estable aunque se aprecia un ligero aumento de las lesiones del art. 153 del Código Penal, así como un aumento significativo de los procedimientos incoados por homicidio/asesinato, que de 13 en el primer trimestre se pasó a 28 en el segundo.

El delito mayoritario es el de lesiones (78,2% de los casos, con un total de 27.278 asuntos), seguido por los delitos contra la libertad, como coacciones y amenazas (8,8% y un total de 3.078 asuntos).

En tercer lugar se sitúan los quebrantamientos de medidas y penas –prohibición de aproximarse a la víctima-, que supusieron el 4,6% de los delitos instruidos (1.587 casos). Del análisis de los datos se aprecia un descenso importante del número de quebrantamientos respecto al primer trimestre, cuando los quebrantamientos alcanzaron en 6,2% de los delitos instruidos (3.621 asuntos).

El resto de los delitos instruidos fueron delitos contra la integridad moral, con el 2,3% del total (797 asuntos); delitos contra los derechos y los deberes familiares (un 0,4%, 151 asuntos) y delitos contra la libertad e indemnidad sexual (otro 0,6%, 215casos).

Respecto a los 27.278 delitos de lesiones, se han investigado 1.173 delitos de lesiones que requieren para su curación tratamiento médico y/o quirúrgico y que se castigan con pena de cárcel de 2 a 5 años. En otros 4.105 casos la instrucción fue por delitos de lesiones o malos tratos habituales. Por último, los delitos de lesiones del art. 153, los que no requieren tratamiento médico y/o quirúrgico para la curación, son los que se denuncian en mayor proporción (63% del total de los delitos denunciados, con 22.000 casos).

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tramitan además demandas civiles derivadas de las denuncias presentadas por las mujeres victimas de malos tratos. En el ámbito civil, ingresaron 5.321 asuntos manteniendo la baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto a las 32.704 denuncias penales presentadas.

• Juzgados de lo Penal

Los Juzgados de lo Penal enjuician los delitos castigados con penas de hasta cinco años de cárcel. En el segundo trimestre de 2012, ingresaron un total de 8.971 asuntos y resolvieron 8.897; es decir, casi el total de los asuntos que ingresan.

El 43% de los asuntos ingresados en los Juzgados de lo Penal fueron resueltos por vía de Juicio Rápido (3.894 asuntos).

Los Juzgados de lo Penal dictaron 8.594 sentencias sobre violencia de género en el segundo trimestre de 2012. En el 52,14% fueron sentencias condenatorias (4.481), frente al 49,82% absolutorias (4.272) del primer trimestre, de modo que hay un ligero aumento de sentencias condenatorias en los juzgados de lo penal; y el 47.86% fueron absolutorias (4.113).

•  Audiencias Provinciales

Las Audiencias Provinciales, a través de las secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer, enjuician los delitos más graves: aquellos que suponen pena privativa de libertad superior a cinco años.

En el segundo trimestre de 2012 las Audiencias Provinciales dictaron 88 sentencias. De ellas, el 73,86% fueron condenatorias (65 sentencias) y el 26,14 % absolutorias (23 sentencias). La tendencia se mantiene estable respecto al primer trimestre.

Valoración de Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Domestica y de Género:
La estadística en violencia de género sirve como instrumento para el análisis de este fenómeno delictivo y para abordar posibles soluciones.

El hecho de que los juicios rápidos alcance el 43% de los asuntos ingresados en los Juzgados de lo Penal significa que este cauce procesal se está consolidando como una respuesta inminente a la violencia machista.

De las cifras del segundo trimestre de 2012, se confirma un aumento del 13,4% en el número de renuncias. La presidenta del Observatorio destaca la necesidad de mantener los recursos sociales existentes, en vista de que las renuncias denotan la vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género en un contexto de crisis económica como el actual.

Inmaculada Montalbán reitera la necesidad de fortalecer a las mujeres para evitar que se registren dichas renuncias. La presidenta del Observatorio considera necesario que se desvinculen las ayudas sociales del requisito previo de interponer denuncia para que las afectadas accedan a los derechos que contempla la Ley Integral de 2004. De esta forma, se verían fortalecidas antes de emprender el procedimiento judicial. Para ello, propone que sea suficiente un informe oficial o pericial que diagnostique la situación de maltrato y una armonización de la normativa autonómica en este ámbito.

Para Inmaculada Montalbán, la situación económica exige una reflexión para reorganizar los recursos humanos y materiales existentes. En su opinión, se precisa aumentar el número de jueces y juezas de lo Penal especializados/as en violencia de género y dotar una mayor eficiencia a los servicios de atención a las víctimas.