Piratería, web de enlaces… ¿Ha fracasado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual?

La lucha contra la piratería en Internet ha generado más de un cambio legislativo en los últimos años y un intenso debate entre la comunidad internauta y la cultural. Frente quienes defienden el ‘todo gratis’ y la idea de compartir música, cine y demás creaciones de forma libre, existe el tradicional y legítimo derecho a cobrar por el uso o la visualización de esos contenidos. ¿Quién ganará la batalla?

De momento, en España entró en vigor el pasado mes de enero una profunda reforma de la Ley de Propiedad (LPI) que tardó años en ver la luz precisamente por la controversia que generan sus previsiones. Esta norma es la responsable de grandes cambios, como por ejemplo la introducción de la llamada ‘Tasa Google’, un guiño a la industria editorial introducido a última hora en la reforma que da derecho a los autores a cobrar una compensación de los agregadores –como Google News, Menéame, Feedly o Netvibes– de contenidos por el uso de fragmentos “no significativos” de sus noticias, reportajes o columnas de opinión.

También se endurecen –y mucho- las sanciones por prácticas que vulneren los derechos de autor, aumentando hasta los 600.000 euros las sanciones máximas para las webs que cometan infracciones de este tipo. Como novedad, se amplía la lucha contra la piratería a las páginas de enlaces (las que facilitan el acceso a otras webs que alojan el contenido no autorizado) así como a los intermediarios, anunciantes o servicios de pago online que colaboren con estas webs.

El cobro del canon digital con cargo a los Presupuestos Generales del Estado –que se venía aplicando como medida provisional, pero que ahora toma carácter permanente con la Ley- es otra de las novedades de la norma, a pesar de que esta fórmula ha sido puesta en duda dentro y fuera de España por ‘pasarse la cuenta’ a la generalidad de los contribuyentes, en lugar de a quienes consumen bienes susceptibles de utilizarse para realizar copia privada de material protegido por derechos de autor.

¿Es eficaz la reforma?

De momento, el mundo de Internet sigue siendo tan ingobernable como lo era desde sus inicios, y la Ley parece ir siempre un paso por detrás de los internautas. Prueba de ello es que muchas webs con dominios .es han cambiado de país para solucionar el problema, trasladando sus plataformas a zonas más permisivas en lo que a propiedad intelectual se refiere o complicando las cosas a quienes traten de perseguir estos delitos.

Hay muchos casos de webs administradas por españoles, operando en todo el mundo y esquivando la reforma sobre la Ley de Propiedad Intelectual, lo que podría traducirse como un fracaso de la reforma, al menos en lo que se refiere a perseguir la piratería online.

Otro caso sonado fue el de la salida de Google News de España tras entrar en vigor la ‘tasa Google’, que contempla “el derecho irrenunciable de editores y de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa” ante la puesta a disposición del público, por parte de los prestadores de servicios de agregación de contenidos, de contenidos o fragmentos no significativos de contenidos divulgados en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica con una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento”.

Google no tardó en mostrar su desacuerdo con una normativa que obligue a cada publicación española a cobrar los servicios como Google News cuando muestre “aunque sólo sea un extracto muy pequeño” de la noticia. “Dado que Google News no gana dinero (no mostramos publicidad en el sitio), este nuevo enfoque simplemente no es sostenible”, argumentó el gigante de Internet en una nota de prensa. Desde el pasado 16 de diciembre, no opera en España.

Los detractores de esta tasa argumentan que el hecho de que se compartan fragmentos de su contenido, más que perjudicar, beneficia a los autores, al darles más difusión en la red.

En cuanto al canon digital con cargo a Presupuestos Generales del Estado, parece que Europa puede poner las cosas difíciles al sistema ideado por el Legislador español. El propio mediador para la copia privada en la UE, Antonio Vitorino, ha asegurado que se trata de una «vía atípica» que se salta la relación entre consumidor y autor. De hecho, la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (Tjue) para el caso Padawan/Sgae dejó claro que esa relación entre consumidor y titular del derecho es fundamental, según Vitorino. En el peor de los casos, puede existir una violación de las normas comunitarias por parte de España, lo que supondría que el asunto acabe en el Tribunal europeo.