¿Qué sectores sufrirán más cambios normativos en el futuro?

La Legislatura que ahora nos ocupa ha sido una de las más fructíferas de la democracia en lo que a producción de leyes se refiere: la urgencia de la situación de crisis económica y financiera se ha convertido en el detonante de la aprobación de un importante número de reformas y nuevas normas que han pasado por las Cortes, en muchas ocasiones, por vía de urgencia, y muchas veces utilizando la fórmula teóricamente excepcional del Real Decreto-ley, donde es el Ejecutivo, en lugar del poder Legislativo, quien genera el texto. ¿Ha acabado ya esta racha reformista? ¿Quedan normas en el tintero? Un reciente informe arroja luz sobre cuáles serán las materias que el Legislador tocará en el futuro más próximo, con la inestabilidad transitoria para cada sector afectado que ello conlleva.

Según el informe ‘Índice Político de Riesgos’ (IPR) que acaba de publicar la consultora Llorente & Cuenca, la sanidad es uno de los sectores con más riesgo de cambio en un futuro próximo. El detonante se encuentra en la evolución del gasto farmacéutico y el tratamiento de la hepatitis C. De hecho, de entre los ocho sectores estudiados, el de sanidad es el que tiene un mayor riesgo regulatorio de todos y está colocado en lo que el estudio denomina ‘área crítica’, lo que se traduce en que es el que mayor volumen de iniciativas tiene en la Cámara Baja y con mayor valoración política (reputación del sector que se desprende de las iniciativas).

Otro sector en ‘área de alerta’ es el de los seguros, en este caso debido a los convenios entre el sector público y privado, que centran en este momento la mayoría de las iniciativas parlamentarias para esta actividad.

En el lado contrario se encuentra el sector de la alimentación –aunque existe cierta actividad relacionada con el sector lácteo-, un ámbito donde se presumen pocos cambios en los próximos meses. De otro lado, el informe muestra que existe un ligero aumento de la presión política en el ámbito de las infraestructuras: en este caso, la oposición ha incrementado sus preguntas parlamentarias –que se tienen en cuenta en el estudio- relacionadas con la inversión en autovías, lo que, según la consultora, permite intuir «la estrategia electoral y la orientación que los partidos darán a la colaboración público-privada» en sus programas.

En cuanto a las iniciativas relacionadas con el ámbito financiero, éstas no crecen en número, aunque sí muestran una valoración más negativa del sector que en el anterior barómetro. La energía, por su parte, ocupa el penúltimo lugar en el IPR, un puesto que supone una gran variación con respecto a lo que ocurría al inicio de la legislatura, momento en que el fracking y la investigación de recursos de gas no convencional centraron la actividad sobre esta materia, casi siempre en forma de preguntas parlamentarias.

Por último, en los ámbitos de la Distribución y de la Tecnología, la actividad de los diputados se mantiene muy baja en este final de legislatura, por lo que el índice no permite anticipar cambios a corto plazo.

Una menor actividad legislativa

Además, el informe tiene en cuenta la influencia de las vacaciones y la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado como condicionantes que reducen la actividad legislativa. A la reducción de la actividad parlamentaria hay que sumar el hecho de que los diputados centran sus iniciativas en las cuentas del Estado, que están excluidas del estudio. Con todo, esta situación provoca que en el resto de sectores haya caído el riesgo regulatorio.

Por otro lado, el último informe deja ver que el cien por cien de las iniciativas legislativas han sido preguntas. De ellas, el 85 por ciento han sido realizadas por el PSOE, el 10 por ciento proceden de grupos nacionalistas y el 5 por ciento restante de otros partidos, a excepción del PP.