España suspende en medidas anticorrupción

En España ya éramos conscientes desde hace mucho tiempo de que uno de los principales problemas de nuestro país era la corrupción, ocupando un lugar privilegiado en todas las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las preocupaciones de los españoles. Sin embargo, ahora ha sido Europa quien ha tenido que expresar su malestar frente a las pobres medidas que se han tomado por subsanar esta problemática.

El Consejo de Europa elaboró hace dos años el “Cuarto Informe Greco-Grupo de Estados contra la corrupción”. En él se establecían once recomendaciones en labores de transparencia y prevención de prácticas irregulares -de las cuales cinco han sido asumidas parcialmente, y las otras seis ni tan siquiera se han puesto en práctica-. A día de hoy, el Consejo suspende a las instituciones españolas por el mínimo grado de mejora logrado desde 2014.

Las Cortes Generales

Las Cortes Generales -Congreso y Senado- son las peores paradas en este documento emitido por el Consejo de Europa. Destacan la inaplicación de medidas que funcionen como garantías en la lucha contra la corrupción, como un Código de conducta para Diputados y Senadores, o la no elaboración del prometido reglamento sobre grupos de presión o ‘lobbies’, al que se comprometió el Congreso en el presente año.

El Consejo califica de “decepcionante” la ausencia de medidas concretas tras el impulso político que debería haber significado el último resultado electoral, con la incorporación de nuevos partidos y la lucha contra la corrupción como uno de los puntos más importantes de la campaña. Sin embargo, también destaca el progreso alcanzado con la vigente Ley de Transparencia en el control a los parlamentarios, a pesar de que afirma que «queda mucho por lograr para satisfacer plenamente las preocupaciones en juego”.

A pesar de la mala valoración que Europa hace de nuestras Cortes Generales, los partidos que las habitan sí salen bien parados del mismo informe, dado que se valora positivamente la reforma del Código Penal mostrando un avance “significativo” en las medidas anticorrupción. Tan solo preocupan la especificación legal de algunas formas de soborno o los sistemas de financiación de fundaciones cercanas a los partidos.

El Poder Judicial

El Poder Judicial también se lleva su parte de culpa en el citado informe. Y es que, como destaca el texto refiriéndose a datos de la Comisión Europea, España se sitúa cuarta por la cola -de los veintiocho- en percepción ciudadana de independencia judicial en Europa. Una preocupación que se enfoca hacia la necesidad de establecer sistemas objetivos de elección de nuestros jueces y magistrados.

El Consejo insiste en la necesidad de que las autoridades políticas no formen parte del proceso de selección de los más altos cargos de nuestra justicia, como los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que sean éstos a su vez quienes elijan a los presidentes de las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores o Tribunal Supremo.