Caso Ausbanc: ¿Es legal que los jueces cobren por dar cursos?

Estos días se ha convertido en noticia el caso de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, encarcelado el pasado lunes por extorsionar a bancos y particulares a cambio de no dañar su imagen. Pero ayer un nuevo titular se sumó al caso, generando una duda a la que desde Ilisástigui Abogados queremos dar respuesta: ¿pueden jueces y magistrados cobrar por asistir como ponentes a cursos? El origen del debate se encuentra en una información publicada por El País, en la que se acusa a Pineda de haber pagado a numerosos jueces por asistir a sus cursos. ¿Es esto legal?

La información apelaba a cómo esta estrategia por parte de Ausbanc buscaba, en última instancia, estrechar vínculos y relaciones con jueces y magistrados en cuyos órganos podrían recaer pleitos que interponía en nombre de sus consumidores. Además de estos foros, Ausbanc cuenta con revistas y publicaciones en las que colaboran miembros de la judicatura. Los jueces que colaboran con Ausbanc pertenecen, según la misma información, al propio Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional y a varios tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales. Su labor es la de impartir charlas, conferencias y asistir al denominado Foro de la Justicia que organiza esta asociación desde 2010, según reconocen magistrados de estos órganos judiciales.

En cuanto a las cantidades que percibieron, oscilaban entre 800 y 1.500 euros en función de la importancia de cada seminario y el lugar de celebración. Otros jueces rechazaron cobrar y ofrecieron el número de cuenta corriente de una ONG para que se derivara el pago a una causa solidaria. Por su parte, un portavoz de Ausbanc negó a El País que se haya pagado por estas charlas a ningún juez.

Cobrar por dar charlas: ¿legal o ilegal?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tardó en responder a la información recordando lo que marca la ley: la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces emitió durante la jornada de ayer un comunicado defendiendo la legalidad de la participación de algunos jueces y magistrados en los cursos organizados por Ausbanc, y la “incuestionable” integridad y profesionalidad de éstos, “así como el compromiso de la Administración de Justicia y el Estado de Derecho”.

La nota asevera que la participación en cursos o conferencias -sean retribuidas o no- es una actividad totalmente compatible con el ejercicio del cargo de juez o magistrado. Así, el artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) señala que el ejercicio de dichas funciones es incompatible “con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas”.

El CGPJ también apunta que el Reglamento de la carrera judicial establece que “el ejercicio de la docencia y la investigación jurídica por parte de los miembros de la Carrera Judicial constituye una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos” en su artículo 327.1.

En este sentido, “los cursos, conferencias o jornadas a los que hace referencia la información -todos ellos actos públicos a los que tuvieron acceso los medios de comunicación- tenían por objeto el debate sobre cuestiones de Derecho, motivo por el cual a los mismos eran invitados no sólo jueces, sino otros muchos profesionales, como fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, notarios, registradores, catedráticos de Universidad, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o responsables de Administraciones Públicas relacionados con los asuntos que allí se discutían».

El comunicado concluye argumentando que la presencia de miembros de la carrera judicial en estos foros, cursos o jornadas “contribuye a enriquecer el debate, fuera de las salas de vistas, sobre cuestiones que afectan a toda la sociedad”.

¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que los jueces y magistrados deben tener la posibilidad de cobrar dinero por asistir a cursos de instituciones privadas, o puede ello condicionar su independencia?