España, tercer peor país de Europa en materia de legislación sobre lobbies

¿Qué es un lobby? ¿Hasta qué punto existe legislación que trate de acabar con estas prácticas? ¿Qué posición ocupa España en el ranking de países europeos en lo que a medidas antilobby se refiere? A estas y a otras muchas preguntas da respuesta un informe publicado por Transparencia Internacional (TI), organización no gubernamental a escala mundial dedicada a combatir la corrupción que mide constantemente, a través de sus informes, en qué estado se encuentra la situación.

Cuando hablamos de lobby –que podría traducirse al español como ‘vestíbulo’- nos referimos a un grupo de presión, es decir, a un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la Administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad.

No se trata de una práctica ilegal: a través de ella se establecen puntos de comunicación entre políticos y colectivos determinados que representan las demandas de grupos concretos de ciudadanos. Sin embargo, la práctica –que no es nueva, ya que viene del siglo XIX- ha demostrado que es necesario poner ciertos límites con el fin de garantizar la imparcialidad y el buen hacer de la clase política. Varios escándalos por toda Europa relacionados con el lobby muestran que, sin reglas claras y aplicables, un pequeño número de actores con más recursos y contactos personales pueden dominar la arena política.

De este modo, la influencia poderosa de unos pocos privilegiados supone que ciertas propuestas alternativas que pueden resultar valiosas, en particular aquellas provenientes de sectores marginales, no sean escuchadas y tomadas en consideración por los representantes públicos.

¿Qué ocurre en España?

El informe ‘Lobbying in Europe’, elaborado por la delegación europea de Transparencia Internacional, analiza la legislación de 19 países europeos y las instituciones comunitarias, y toma como referencia estándares internacionales reconocidos en cuestión de regulación del lobby y de prevención de la influencia indebida para desarrollar sus conclusiones y su ranking.

¿Cuál es el resultado? Chipre y Hungría quedan en las últimas posiciones en la clasificación, con sólo un 14 por ciento de resultado en positivo, y obtienen malas puntuaciones en cada área evaluada (transparencia, integridad e igualdad de acceso), pero especialmente en lo relativo a la transparencia del lobby y el acceso a la información.

España no se queda atrás en malos resultados: el país es el tercero peor de la lista a la hora de legislar en esta materia. Según la organización, España suspende en los tres aspectos cruciales del lobby: transparencia (10%), integridad (35%) e igualdad de acceso (17%). La organización destaca que «no hay una normativa que garantice conocer en todos los casos quién influye, cómo, sobre quién, con qué resultados y con qué medios económicos lo hace».

Así, en España la “realidad formal” prevé la participación de los ciudadanos en algunos procesos de decisiones políticas, y algunas organizaciones -sindicatos, patronales, o entidades como los Colegios profesionales y Cámaras de comercio- participan, en virtud del marco constitucional y normativo, en la definición de los intereses generales junto a las instituciones públicas. Pero por otra parte “existe una realidad informal, en la que cientos de lobistas profesionales, empresas y grupos de interés diversos tratan de influir sobre el ejecutivo y el legislativo sin que existan normas que regulen su acceso, la información sobre sus contactos, los límites éticos a su labor o la mera constancia de las reuniones”.

El definitiva, existe una conciencia difusa de que ciertas grandes corporaciones y grupos de interés influyen de forma indebida (aunque no necesariamente ilegal) en la toma de decisiones políticas».

Como respuesta, el informe apunta que “el público tiene derecho a saber quién intenta convencer a los decisores en cuestiones de interés público”, ya que “cuando el lobby se desarrolla en secreto, sin escrutinio público, es muy difícil para la ciudadanía poder exigir rendición de cuentas a aquellos a quienes se ha encomendado un cargo público”.

Además, según la percepción ciudadana, seis de cada diez ciudadanos europeos consideran que su Gobierno está gravemente influenciado por ciertos intereses particulares, o que éstos se han apropiado completamente del Gobierno. Apuntan también que no existen suficientes directrices sobre cómo realizar lobby de manera ética para los lobistas, y las asociaciones profesionales no consiguen establecer estándares para ellas mismas ampliamente aplicados.

Adicionalmente, la implementación de la regulación también falla; muchos empleados públicos no informan adecuadamente de los contactos que mantienen y la supervisión no implica la imposición de multas o sanciones.

¿Cuál es la relación entre lobby y corrupción?

Transparencia Internacional define la corrupción como “el abuso de poder encomendado para beneficio privado”. Así, tal y como recuerda el estudio, el lobby realizado sin transparencia y sin regulación abre la puerta a la corrupción, al dejar que se desarrollen influencias excesivas, indebidas y en ocasiones ilegales en el proceso político. “Cuando el lobby se desarrolla en secreto, sin escrutinio público, es muy difícil para la ciudadanía poder exigir rendición de cuentas a aquellos a quienes se ha encomendado un cargo público”.

En definitiva, el lobby falto de ética es en ocasiones una actividad técnicamente legal, pero en otras claramente ilegal. Un ejemplo de esto último es el caso de las empresas o lobistas que pagan a parlamentarios para tratar de que se apruebe una determinada ley. Un ejemplo de lobby técnicamente legal es el caso de decisores públicos que favorecen a sus amigos y contactos a la hora de tomar una decisión. “En cualquiera de los casos, esto constituye una corrupción del sistema político en beneficio propio”, concluye la organización.