Gallardón dará marcha atrás parcial en la ley de tasas judiciales.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón da marcha atrás y revisará de forma parcial la aplicación de las nuevas tasas judiciales, tal y como le ha solicitado formalmente la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
El titular de la cartera de Justicia ha anunciado la «reconsideración» de algunos aspectos de su propuesta en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados.
Gallardón ha presentado esta decisión en positivo y ha asegurado que «las sugerencias de la Defensora del Pueblo son aspectos técnicos que ha visto más y ha visto mejor», ha manifestado, pero «no modifican sustancialmente el texto del Ejecutivo».
En concreto, se introducirán modulaciones a la baja en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.
Gallardón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado «muy enriquecedora» la labor de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha recabado la opinión de expertos.
El Gobierno estudia ahora la fórmula que se utilizará para introducir los cambios de la propuesta de Becerril, y para anticipar la entrada en vigor de algunas de las modificaciones que ya contemplaba la Ley de Justicia Gratuita, que se está tramitando en el Congreso.
Importante reunión
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril se reunió ayer con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y le entregó un escrito en el que formula varias recomendaciones para modificar “aspectos sustanciales” de la Ley de Tasas Judiciales.
Según informó la Oficina del Defensor, esta institución tiene de plazo hasta el próximo 21 de febrero para tomar una decisión sobre la conveniencia de interponer o no recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma. No obstante, antes de que expire dicho plazo, la Defensora ha decidido formular estas recomendaciones a Gallardón para intentar que se modifique “sustancialmente” el sistema de tasas vigentes.
Soledad Becerril recomienda reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa; modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y moderar la cuantía de las tasas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos.
Asimismo, la Defensora propone la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las correspondientes a los procedimientos de ejecución hipotecaria; y las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo.
Por último, la Defensora recomienda devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita. En los últimos meses se han dirigido a la Institución del Defensor del Pueblo un elevado número de ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales, que han manifestado su disconformidad con esta ley y solicitando la interposición de recurso de inconstitucionalidad. La institución que dirige Soledad Becerril tiene la posibilidad de actuar como mediadora entre los ciudadanos y los poderes públicos y así ha decidido hacerlo en este caso.
Fuente: Diario Expansión.