Ley de Contratos del Sector Público: ¿Es eficaz contra la corrupción?

La lucha contra la corrupción tiene mucho que ver con las normas que la acotan y, según acaba de apuntar el Consejo Económico y Social (CES), parece que la labor del legislador no está siendo todo lo eficaz que debería. La valoración de órgano consultivo sobre la futura Ley de Contratos del Sector Público (aún en tramitación) así lo demuestra. El dictamen difundido por el CES considera que la reforma «no aborda el grave problema de la corrupción con la suficiente ambición y profundidad», y es tajante al considerar que «la contratación pública es una de las áreas de la gestión pública más propensas a la proliferación de prácticas corruptas».

En concreto, a juicio de la institución, con esta Ley el Gobierno «desaprovecha la ocasión para introducir de manera transversal las disposiciones, los procedimientos y las cautelas necesarias para prevenir eficazmente, desde el Derecho Administrativo, la aparición de prácticas desviadas del interés general».

En particular, la norma “se limita a trasladar de manera genérica a los órganos de contratación la obligación de tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar y solucionar los posibles conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación entre el personal al servicio del órgano de contratación y los licitadores”, asegura el dictamen. Al contrario, el CES entiende que, para evitar que la norma quede reducida a una mera declaración de intenciones, sería necesario introducir “mucha mayor concreción y regular expresamente el tipo de medidas que los órganos de contratación deben arbitrar para evitar estas situaciones”.

Así, se “debiera establecer de manera reglada y expresa los supuestos de prohibiciones para formar parte de los órganos de contratación, de manera que se excluya de participar en el procedimiento, en todas sus fases, a los cargos políticos o empleados públicos que incurran en conflicto de intereses”, entre otras cosas.

Un elevado coste

Según el Consejo, estas prácticas «falsean la competencia, alteran los mercados y provocan un aumento injustificado del coste de provisión de los bienes y servicios públicos», por lo que la falta de control puede ir en contra de la austeridad que cabe esperar de las instituciones públicas. Por ello, el organismo alude a la necesidad de garantizar que los procesos contractuales «se desarrollen con las máximas garantías de transparencia e igualdad de trato a todos los licitadores para evitar el fraude y el favoritismo».

El CES también reclama que se tenga en cuenta el posible impacto de este tipo de criterios sobre la capacidad de las pymes a la hora de participar en los procesos de contratación pública. La falta de información previa suficiente también salió a relucir en el dictamen del organismo: se recomienda que se disponga de más datos al inicio del proceso de licitación y, en concreto, que se manifieste con carácter previo y de forma expresa la necesidad y las razones de ésta.

Hace no demasiado, la Comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV) se atrevió a poner precio a la ineficiencia en los presupuestos del Estado, analizando precisamente los mecanismos de contratación pública, con ánimo de desentrañar cuál sería el coste de las adjudicaciones si el erario no tuviese que cargar con los costes de la ineficiencia y la corrupción.

El resultado es desolador: según la CNMC, acabar con las malas prácticas podría ahorrar a los contribuyentes uno de cada cuatro euros comprometidos a la licitación de servicios públicos. Teniendo en cuenta que cada ejercicio se comprometen casi 200.000 millones de euros en este ámbito, hablamos de un sobrecoste de casi 50.000 millones anuales.

De hecho, esta cifra supera el 4,2 por ciento del PIB, o lo que es lo mismo, la misma cuantía que el techo de déficit máximo que puede alcanzar el Estado en 2015. En definitiva, acabar con los sobrecostes y la corrupción permitiría pasar de los números rojos al superávit presupuestario sin necesidad de ajustes adicionales.