‘Panama Papers’: ¿Cómo funcionan las sociedades offshore?

Los llamados ‘Papeles de Panamá’ han llevado a la opinión pública a poner el foco de nuevo en un problema clave que no pasa de moda: el de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales a través de sociedades offshore, domiciliadas en paraísos fiscales donde la opacidad permite ocultar bienes y legalizar dinero negro sin que nadie pueda quebrantar su secreto bancario. Ante esta nueva oleada de casos, surgen nuevas preguntas: ¿Qué es y cómo funciona una sociedad offshore? ¿Es siempre ilegal recurrir a ellas para pagar menos impuestos? ¿Cómo funciona la operativa para ocultar dinero?

El punto de partida es que se trata de sociedades opacas, domiciliadas normalmente en algún paraíso fiscal por parte de un no residente, y que se encuentran exentas del pago de impuestos.

¿Qué es una sociedad offshore?

Las sociedades offshore domiciliadas en un paraíso fiscal no pagar impuestos: ni Sociedades, ni IVA, ni Sucesiones o Donaciones… Tan solo una cuota inicial por inscribir la empresa (que ronda los 1.000 dólares) y una cuota anual que no supera normalmente los 600 dólares. Además, la sociedad puede crearse sin demasiadas complicaciones en un plazo no superior a 48 horas.

Existen requisitos para que estas empresas no tributen: los directores de estas sociedades no pueden tener su domicilio en el país de la sede social, y tampoco pueden utilizar mano de obra local ni utilizar la economía del país de acogida en materia para inversiones, subsidios ni transferencias bancarias. Sí es posible operar desde el lugar de residencia abriendo cuentas, realizando transacciones de bienes o dinero, etc., algo que puede hacerse de manera anónima. En caso de incumplirse las restricciones que imponen las leyes de los paraísos fiscales, sí existiría tributación, al tratarse en ese caso de sociedades onshore (que operan en el país, frente a las offshore que no lo hacen).

¿Cuáles son esos paraísos fiscales? La lista es amplia: Andorra, Anguila, Aruba, Bahamas, Belize, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Cook, Chipre, Gibraltar, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Liechtenstein, Macao, Malasia, Monaco, Montserrat, Antillas Holandesas, República de Paulau, Panama, Samoa, Seychelles, Vanuatu…

Las ventajas para quienes las crean son muchas: no hay impuestos para los no residentes, existe secreto bancario y mercantil (gracias a sus legislaciones, muy protectoras de la privacidad), no es necesario contar con un gran capital social, las auditorías y contabilidades no son obligatorias, y los requisitos para la imposición de dinero en el banco son escasos.

Es esa opacidad es la que permite ocultar la titularidad del beneficiario. El uso de testaferros o administradores fuduciarios es muy habitual. Eso sí, aunque cualquier persona puede abrir legalmente una sociedad o cuenta bancaria en un centro financiero offshore, es decir, fuera de su país de residencia, si no se realiza una planificación fiscal perfecta puede tener problemas con el fisco. El objetivo es no traspasar la línea que separa la elusión de impuestos de una evasión fiscal, aunque en muchos casos se oculten bienes conscientemente a sabiendas de que la falta de transparencia en esos países impide que se pueda llegar a conocer su existencia y su titularidad.

En cualquier caso, es necesario tener claro que las sociedades offshore, en sí mismas, son legales. Lo que sí resulta ilegal es no haber declarado esos bienes en el país de origen y, por tanto, evadir el pago de impuestos. Si bien las sociedades ‘offshore’ no tributan en el país en el que se domicilian, los activos y bienes con los que operan sí deben haber liquidado los correspondientes impuestos en el país en el que se originaron. Cuando se usen estas sociedades opacas para ocultar dinero de la Administración y evitar el pago de impuestos o blanquear dinero, entonces estaremos ante delitos.

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